Introducción

El objetivo del artículo es delinear un marco que reúna los principales derechos conquistados por las luchas afrodescendientes de 18 países latinoamericanos (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) e identificar la posición en la que se inserta la movilización etnopolítica afromexicana en este marco. La hipótesis que se sostiene, es que ésta se posiciona como una de las luchas afrodescendientes en América Latina que emergió tardíamente, tiene interacciones débiles con actores internacionales clave en movimientos afrodescendientes y presenta un avance menor respecto a derechos conquistados. Por tanto, su búsqueda de empoderamiento, justicia e inclusión social está apenas iniciando. El artículo busca aportar, desde la Ciencia Política, un texto que muestre la existencia de una movilización de corte etnopolítico en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que busca justicia e inclusión social. Para lograr el objetivo y comprobar la hipótesis sostenida, se utilizaron fuentes secundarias, como material producido por académicos y Organismos Internacionales, y fuentes primarias publicadas como constituciones políticas, leyes, censos y encuestas. La información se sistematizó y organizó recurriendo al método comparativo.

El artículo inicia estableciendo el contexto multicultural en el que emergen los movimientos afrodescendientes en América Latina. Posteriormente, proporciona un breve perfil sociodemográfico y datos estadísticos de los afrodescendientes de la región; después, identifica los principales derechos conquistados, los cuales se estructuran en políticas multiculturales, políticas de acción afirmativa y políticas públicas. En la siguiente sección, se muestra la configuración de las organizaciones afrodescendientes y el papel de las redes nacionales y transnacionales en estos procesos de organización y empoderamiento. Los cambios sociales que mostraron algunas naciones después de que sus Estados implementaron políticas multiculturales, se ejemplifican brevemente con los casos de Brasil, Colombia y Honduras. Finalmente, una vez delineado este marco, se insertan los derechos que ha logrado la movilización etnopolítica afromexicana de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, con el objetivo de identificar su posicionamiento y avance respecto a las luchas afrodescendientes de América Latina.

Las luchas afrodescendientes de América Latina en el marco multicultural

Los movimientos sociales que se configuraron y emergieron en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo XX en Estados Unidos y Canadá (Kymlicka, 2007), impactaron en la región latinoamericana (Sansone citado por Agudelo, 2010a) en las décadas de los setenta y ochenta, primero con la movilización y reivindicación política de los pueblos indígenas y, posteriormente, de las poblaciones afrodescendientes (Agudelo, 2011, 2015). La emergencia de estas luchas provocó que los Estados, en algunas ocasiones presionados por Organismos Internacionales y agencias financieras como el Banco Mundial (López, 2017), implementaran políticas que permitieran su visibilización, reconocimiento jurídico como sujetos culturalmente diferentes con derechos y obligaciones y, por tanto, receptores de políticas para su empoderamiento e integración social, política, económica y cultural (García, 2016; Kymlicka, 2007; Sieder, 2002; Van Cott, 2000a). No existe una definición aceptada de multiculturalismo (Kymlicka, 2007; Lehmann, 2016, Wieviorka, 2014) y cualquier intento por establecer una puede dejar alguna variable fuera. Así pues, para efectos de este artículo, multiculturalismo y políticas multiculturales se refieren a las políticas aplicadas por el Estado en respuesta a las demandas sociales, políticas, económicas y culturales de los movimientos afrodescendientes de América Latina. Aunque existen múltiples categorías para referirse a nuestro sujeto de estudio (negro, costeño, moreno) y cada una tiene su propio significado, utilizaré afromexicano y afrodescendiente de forma indistinta. La primera, por ser la categoría política elegida por la movilización afromexicana, y la segunda, por ser una categoría aceptada y adoptada internacionalmente por representantes afrodescedientes en la cumbre de Durban (Lao Montes, 2009).

Estos procesos de emergencia suceden al final de la Guerra Fría, en el contexto de un mundo multipolar y globalizado, la introducción del sistema económico neoliberal a la región que, a su vez, configuró un nuevo sistema de gobernanza y constituyó una sociedad civil global que se caracterizó por participar activamente en organismos internacionales, organismos no gubernamentales (ONG) y movimientos sociales transnacionales. El Estado neoliberal no tuvo inconveniente en transferir a los nuevos actores sus responsabilidades para cubrir las necesidades ciudadanas básicas, por medio de programas y proyectos de autogestión (Favre y Segato citados en Agudelo y Recondo, 2007). Sin embargo, es importante tener en cuenta los contextos específicos de cada país, pues de ellos dependerá la respuesta del Estado, las posibilidades de conquistar derechos y, por tanto, el grado de posicionamiento de las luchas (Kymlicka, 2007, Lechini, 2008, Agudelo y Recondo, 2007, p. 9).

La emergencia de estas luchas sociales latinoamericanas ha sido organizada por Le Bot (2009) en tres etapas. La primera va de mediados de los sesenta hasta principios de los setenta del siglo XX. Se caracteriza por ser el inicio de las demandas sociales y políticas de los pueblos indígenas al Estado, como la obtención de títulos de la propiedad colectiva de la tierra, la autonomía política y la libre determinación. La segunda se desarrolla de mediados de la década de los setenta hasta 1992, cuando ocurren las movilizaciones contra la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América (Buffa y Becerra, 2012; García, 2016; Le Bot, 2009). Además, en este momento, las políticas neoliberales, introducidas en la década de los ochenta fueron cuestionadas por sus efectos negativos en el ámbito social, económico y político de la región (Lao, 2009, 2015). En esta etapa se consolidaron los modos de organización política y las líneas de trabajo, pues es cuando demandan la implementación de políticas multiculturales y los indígenas latinoamericanos se transformaron en “importantes actores sociales y políticos capaces de influir en las 'agendas políticas' de todos los programas de gobierno latinoamericanos, y [por tanto, estaban] convirtiéndose en objeto de preocupación de diversos sectores empresariales, organismos internacionales y agencias multilaterales” (Bengoa, citado en García, 2016, p. 18). En México, los indígenas se organizaron, por ejemplo, en el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena y Popular, que después pasó a ser Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, o en el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Esos grupos denunciaban la falta de servicios básicos como agua y electricidad en sus comunidades, así como la corrupción, la opresión y el abuso de poder del Estado hacia ellos. Por tanto, entre sus demandas se encontraron la autonomía política y la libre determinación. La demanda de la propiedad colectiva de la tierra no era tan fuerte como en el resto de América Latina, porque la reforma agraria de 1917 ya estipulaba formas de repartición (EZLN, 1996; Burguete y Mayor, 2003).

La tercera etapa abarca los años de 1992 a 2005 y es clasificada como la de consolidación de los movimientos sociales, pues los pueblos indígenas fueron finalmente reconocidos como actores políticos y sujetos de derecho (Le Bot, 2009) de las políticas multiculturales demandadas en la etapa anterior. La elección de Evo Morales como presidente de Bolivia, en 2005, es un ejemplo de el empoderamiento que experimentaron. Si bien estas etapas pertenecen a los procesos de luchas y movimientos indígenas, establecieron las bases y fueron referente de los procesos organizativos de los pueblos negros (Lara, 2014). Por tanto, ordenar las temporalidades de los procesos puede ser útil para situar el momento en el que irrumpen los afrodescendendientes, y en el que sus procesos y luchas se traslapan con las de los indígenas. También muestra que los procesos organizativos de estas movilizaciones sociales tienen un largo recorrido, condicionado por contextos sociales, políticos y económicos, nacionales e internacionales, no son pues, reivindicaciones esporádicas y temporales.

Breve perfil sociodemográfico del afrodescendiente en América Latina

La región de América Latina y el Caribe fue clasificada a inicios del milenio por el Banco Mundial (De Ferranti et al., 2004) como una de las regiones con la peor distribución de ingreso y, por tanto, con más desigualdades en el mundo. Los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes resultaron ser las más desfavorecidas por esta mala distribución y desigualdad. De acuerdo con un estudio realizado por la CEPAL, a mediados de la década de los noventa del siglo XX y a mediados de la segunda década del siglo XXI, ambos presentaron los peores indicadores económicos y sociales, así como los niveles de pobreza y desigualdad más altos (CEPAL, 2015; PNUD, 2016; Psacharopoulos y Patrinos, 1994).

De acuerdo con el PNUD (2016), entre 1995 y 2015, en América Latina se experimentó una reducción de la pobreza tanto por ingresos como por porcentajes. Los países que mostraron mayor reducción fueron Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Sin embargo, ni sus pueblos indígenas ni sus poblaciones afrodescendientes se vieron favorecidas. Esto, podría significar, en el caso de Brasil y Colombia, que a pesar de ser referencia respecto al reconocimiento constitucional de la diferencia cultural e implementación de políticas multiculturales, éstas no han sido efectivas para el combate a la pobreza. Por otro lado, Naciones Unidas (2006 citada por Antón y Rivera, 2010) afirma que la pobreza, marginalidad y exclusión social están vinculadas al racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, las cuales son sufridas por los pueblos indígenas y por las poblaciones afrodescendientes (CONAPRED, 2011a, 2011b; De Ferranti et al., 2004; Flores, 2006; Hooker, 2005, 2009, 2010; Hopenhayn, Bello y Miranda, 2006). En resumen, las poblaciones afrodescendientes de América Latina viven en condiciones de pobreza, marginación, exclusión social, y son víctimas de racismo, discriminación racial y xenofobia.

Datos estadísticos

Los datos producidos por herramientas como los censos y las encuestas de hogares, “posibilitan la obtención de una gran cantidad de indicadores demográficos, socioeconómicos y de salud, lo cual los convierte en una fuente de información muy importante” (García, 2010, p. 11). Para la cuestión afrodescendiente, la lectura de datos estadísticos sirve para el análisis y la toma de decisión del tipo de política que se debe de implementar. Hopenhayn et al. (2006, p. 25) mencionan que la aplicación de estas herramientas estadísticas y sus resultados, “tienen un innegable componente político, pues para los afectados significa la visibilización de su situación, así como una forma de reconocimiento frente a los otros. [Mientras que] para los Estados y gobiernos, el manejo de las cifras se ha vinculado muchas veces con la negación del racismo, la discriminación y la xenofobia”. Cada país establece la periodicidad en la que lleva a cabo sus conteos censales. La media en América Latina es de 10 años. Para el caso de la población afrodescendiente, algunos países incluyeron la pregunta en la ronda de censos del año 2000, otros tantos se sumaron en la ronda de 2010 y, otros, como Chile, México y Uruguay, implementaron Encuestas de Hogares y Encuestas Intercensales a media década.

Con los resultados de la ronda de 2000, Fabiana del Popolo recogió y procesó datos de ocho países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua). Sumó un total de 84.9 millones de afrodescendientes, equivalente a 32.8% del total de habitantes de esos países. Los resultados de la ronda de 2010 arrojaron una cifra tentativa de 150 millones de afrodescendientes, equivalente, dependiendo del organismo que haya recogido y procesado los datos, a entre 15.6 % y 30% de la población total de la región (Antón y Del Popolo, 2008; De Ferranti et al., 2004; CIDH, 2011). A pesar de que entre 2000 y 2015 varios países implementaron metodologías, censos y encuestas, aún no se ha establecido un porcentaje certero de las poblaciones afrodescendientes que habitan en América Latina, pues no existe una metodología que proporcione información sistemática y confiable, debido al complejo tema de la identidad, autorreconocimiento, dinámicas racistas y discriminatorias.

El cuadro 1 refleja la evolución tanto de la incorporación de la variable afrodescendiente como de los porcentajes de las personas que se autorreconocen como tal. La lectura del cuadro también advierte que México, Chile y Perú, aún no han incorporado la variable afrodescendiente al censo oficial, pero realizaron ejercicios intercensales y encuestas de hogares entre la segunda ronda y la víspera de la tercera. La gráfica 1 fue realizada tomando los porcentajes del cuadro 1 y muestra que Venezuela, Brasil y Belice son los países con mayor población afrodescendiente, al presentar una media de entre 50% y 30%; le siguen Colombia, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Ecuador, con una media porcentual de entre 10% y 7%, mientras que Chile, Honduras, México y Perú, son los más bajos, con una media de entre 1% y 2%. Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay, presentan un porcentaje menor a 1%. Sorpresivamente, es Venezuela y no Brasil, el país con más población que se reconoce como afrodescendiente. Esto podría responder a que el censo incluyó la categoría “moreno”. Si hubieran incluido la categoría “negro”, es muy probable que los resultados hubieran salido bajos. Por otra parte, Belice, a pesar de que presenta pocos derechos conquistados, como se verá en la siguiente sección, ocupa el tercer lugar, mientras que Colombia, a pesar de ser referencia en cuanto a organización y derechos conquistados, ocupa el cuarto lugar. Finalmente, Guatemala, junto con Bolivia son de los países con porcentajes más bajos, posiblemente por la preponderancia de población indígena.

Cuadro 1
Ronda de censos de 2000 y 2010 de países latinoamericanos

Cuadro de elaboración propia con datos de: Agudelo (2011); Antón y Del Popolo (2008); Antón y Rivera (2010); DANE (2005); Del Popolo (2013); DIGESTYC (2008); ENAHO (2010); García (2010)Hooker et al. (2010); IBGE (2010); López, 2018; INE-G (2002); INE-H (2001); INE-V (2011); INE-U (2011); INEC-C (2011); INEC-E (2010); INEC-N (2005); PNUD (2012); PNUD (2013); Rangel (2009); Rodríguez y Antón (2014)

País	Año	Variable afrodescendiente	Total	Porcentaje
Argentina	2000 2010	No Sí	0 149 493	0.0% 0.37%
Belice	2000 2010	No Sí	0 103 099	0.0% 33.36%
Bolivia	2001 2012	No Sí	0 16 324	0.0% 0.16%
Brasil2	2000 2010	Sí Sí	75 639 763 96 795 294	44.55% 50.70%
Chile	2002 2014	No Encuesta de caracterización	0 8 415 000	0.0% 0.10%
Colombia3	1993 2005	Sí Sí	Sin datos 4 311 757	Sin datos 10.40%
Costa Rica4	2000 2011	Sí Sí	72 784 334 437	1.9% 7.8%
Ecuador	2001 20105	Sí Sí	604 009 1 041 559	4.97% 7.20%
El Salvador	2000 2007	No Sí	0 7 441	0% 0.10%
Guatemala	2002 2010	Sí Sí *como indígenas6	5 040 00 Sin datos	0.04% Sin datos
Honduras	2001 2011	Sí Sí	58 818 00 Sin datos	0.90% 2%
México	2000 2010 2015	No No Encuesta Intercensal	0 0 1 381 853	0,0% 0,0% 1.2%
Nicaragua	1995 2005	No Sí	No 23 161 00	0.0% 0.45%
Panamá	2000 2010	No Sí	0 313 289 00	0.0% 9.20%
Paraguay	2002 2012	No Sí	0 8 013 00	0.0% 0.15%
Perú	2007 2010	No Encuesta de Hogares	0 Sin datos	0.0% 1.5%
Uruguay	2004 2011	No Encuesta de Hogares	0 255 074 00	0.0% 7.70%
Venezuela7	2001 2011	No Sí	0 15 457 217	0.0% 53.40%

Gráfica 1
Población afrodescendiente en la ronda de censos de 2010
Gráfica de elaboración propia con los datos censales.

Derechos conquistados por las luchas afrodescendientes de América Latina

Los derechos que la población afrodescendiente organizada ha logrado conquistar⁸ para incluirse al desarrollo del Estado nación son diversos. Para identificarlos, se tomó como referencia el contexto norteamericano con textos de Levy (1997) y Kymlicka (1995, 2007), y para el contexto latinoamericano, se usaron textos de Agudelo (2010b, 2015), Cuisset (2014), Hooker (2005,2010, 2011) y Van Cott (2000a, 2000b, 2001), entre otros. La confluencia de estas lecturas permitió organizar las políticas multiculturales implementadas en América Latina de la siguiente manera:

1. 1. Políticas multiculturales: reconocimiento constitucional, derechos de la propiedad colectiva de la tierra, legislación y herramientas contra la discriminación racial.

1. 1. Políticas de acción afirmativa:⁹ educación, desarrollo social, salud, trabajo, representación en y creación de instituciones políticas y culturales, reconocimiento simbólico-cultural, legislación.

1. 1. Políticas Públicas.

El artículo esboza un marco de los principales derechos conquistados en la región, por tanto, es posible que algunas políticas multiculturales, políticas de acción afirmativa, o políticas públicas no sean mencionadas en este texto. Sin embargo, las que están señaladas son las más significativas (Rangel, 2016). Es necesario también tener presente que las políticas aplicadas en cada país responden a contextos y coyunturas específicas, como la presión por movilizaciones significativas o coyunturas internacionales como las cumbres de Santiago y de Durban, el Año o el Decenio Internacional del Afrodescendiente.

Políticas multiculturales

En los cuadros 2, 3 y 4 se observan las políticas multiculturales y la temporalidad en las que se han implementado. Los países que, hasta 2017, no reconocían constitucionalmente a su población afrodescendiente, aunque algunos sí mencionan su diversidad cultural, son: Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Por ende, tampoco concedieron derechos como la propiedad colectiva de la tierra. Esta demanda no cobró fuerza en México por la creación de tierras ejidales y comunales durante la reforma agraria de las primeras décadas del siglo XIX (Burguete y Mayor, 2003; Lewis, 2012). El reclamo se centra en la defensa de las tierras contra megaproyectos, así como en la conservación y protección del ecosistema por medio de programas ecológicos (López, 2017). Respecto al combate a la discriminación racial, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú han aplicado más instrumentos, mientras que Belice, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Venezuela lo han hecho en menor proporción. México muestra una actividad significativa. Sin embargo, ningún instrumento ha sido dirigido hacia la población afromexicana. Pese a ello, es necesario resaltar la ardua tarea que ha realizado el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred).

Cuadro 2
Reconocimiento constitucional en América Latina

Cuadro de elaboración propia con datos de Agudelo (2011, 2015); Antón y Rivera (2010); Arias (2015); Becerra et al. (2010); Buffa y Becerra (2012); Const. (1999); Const. (2009); Const. (2005); Const. (1949); Const. (2008); Const. (1983); Const. (1985); Const. (1982); Const. (1967); Const. (1972); Const. (1917); Const. (1987); CIDH (2011); Hopenhayn et al. (2006); García (2010); Hooker (2005); Hooker et al. (2010); Lechini (2008); Muteba y Prosper (2014); PNUD (2012); Rangel (2016); Rodríguez y Antón (2014);SEGIB-PNUD (2009).

País	Año	Diversidad	Afrodescendientes
Argentina	1994	Sí	No
Belice	No	No	No
Bolivia	1994	Sí	Sí
Brasil	1988	Sí	Sí
Chile	No	No	No
Colombia	1991	Sí	Sí
Costa Rica	2015	Sí	No
Ecuador10	2008	Sí	Sí
El Salvador	No	No	No
Guatemala	1988	Sí	Sí (Pueblo indígena)
Honduras	1982	Sí	Sí (Pueblo indígena)
México	1992	Sí	No
Nicaragua	1988	Sí	Sí (Comunidades étnicas)
Panamá	No	Sí	No
Paraguay	1992	Sí	No
Perú	1993	Sí	No
Uruguay	No	No	No
Venezuela	1999	Sí	No

Cuadro 3
Reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra

Cuadro de elaboración propia con datos de Agudelo (2011); Antón y Rivera (2010); Arias (2015); Becerra, Buffa, Celton et al. (2010); Buffa y Becerra (2012);CIDH (2011); Const., (1985); Const., (1987); García (2010); Hopenhayn et al. (2006); Hooker et al. (2010); Lechini (2008); PNUD (2012); Muteba y Dougé Prosper (2014); Rodríguez y Antón (2014); SEGIB-PNUD (2009).

País	Titulo	Año	Instrumento jurídico
Argentina	No	No	No
Belice	No	No	No
Bolivia	Sí	2009	Artículo 395 de la Constitución Política de 2009.
Brasil	Sí.	1988	Artículo 68 de la Constitución Política de 1988, regulado por el Decreto 4887 de 2013.
Chile	No	No	No
Colombia	Sí	1993	Artículo 55 de la Constitución Política de 1991, reglamentado por La ley 70 de 1993.
Costa Rica	No.	No	No
Ecuador	Sí	2008	Artículo 60 de la Constitución Política.
El Salvador	No	No	No
Guatemala	Sí	1985	Artículo 67 y 68 de la Constitución Política.
Honduras	Sí	2004	Ley de Propiedad aprobada por Decreto N. 82 2004.
México	No	No	No
Nicaragua	Sí	1987 2002	Artículo 180 de la Constitución Política. Ley No 445 de Régimen de Propiedad comunal.
Panamá	No	No	No
Paraguay	No	No	No
Perú	No	No	No
Uruguay	No	No	No
Venezuela	No	No	No

Cuadro 4.
Legislación y herramientas contra la discriminación racial

Cuadro de elaboración propia con datos de Agudelo (2011); Agudelo (2015); Antón y Rivera (2010); Arias (2015); Buffa y Becerra (2012); Becerra et al. (2010); CIDH (2011); CONAPRED (2015); COPRED (2016); Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos (2012); Excélsior (2014); Hopenhayn et al. (2006); Hooker et al. (2010); Lechini (2008); Muteba y Dougé-Prosper (2014); Rangel (2016); PNUD (2012); Rodríguez y Antón (2014); SEGIB-PNUD (2009).

Sí: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,11 Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela.

No: Belice, El Salvador, Paraguay.

Políticas de acción afirmativa para afrodescendientes en América Latina

La acción afirmativa pretende contribuir, con la implementación de políticas específicas, que dan una determinada ventaja o preferencia a la reducción de desigualdades e inequidades, con el objetivo de mejorar la situación en la que se encuentran grupos que han sido víctimas de injusticias sociales (SEGIB-PNUD, 2009). El cuadro 5 y el cuadro 5 bis tienen como finalidad construir una panorámica general de las acciones afirmativas implementadas, para poder identificar a los países que tienen más actividad en este ámbito y el área a la que han dado prioridad. Es posible que se hayan omitido algunas variables no contenida en las fuentes consultadas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la encomienda es dibujar un mapa general.

Se puede identificar que Honduras es el país con más actividad en la variable simbólica/cultural, mientras que Ecuador aplica más acciones en el área de desarrollo social. Por otro lado, Brasil, Colombia y Ecuador han destinado más atención a la educación. Brasil se enfoca en el acceso a la educación superior y técnica, en instituciones públicas o privadas, por medio del sistema de cupos; Colombia lo hace con becas, créditos y el sistema de cupos, y Ecuador con créditos o becas. En cuanto a la representación en instituciones políticas y culturales, Brasil, Colombia y Ecuador son los que llevan la batuta. En el área de salud, el liderazgo lo tienen Brasil y Uruguay. En cuanto al trabajo, Brasil, Colombia y Panamá han formulado más acciones afirmativas. El único país que ha implementado acción afirmativa en turismo es Honduras, mientras que Brasil y México lo han hecho en el área judicial. Se identifica que Brasil, Colombia y Ecuador, clasificados como los países con movimientos indígenas más exitosos y como los que han implementado más políticas multiculturales para afrodescendientes (Sieder, 2002; Van Cott, 2001), también han aplicado más acciones afirmativas. México muestra una actividad importante, pues presenta acciones en cinco de las ocho variables presentadas en este artículo.

Cuadro 5
Políticas de acción afirmativa

Cuadro de elaboración propia con datos de Agudelo (2011); Antón y Rivera (2010); Arias (2015); Becerra et al. (2010); Buffa y Becerra (2012); CIDH (2011); Hopenhayn et al. (2006); Hooker (2010); Lechini (2008); PNUD (2012); Muteba y Dougé-Prosper (2014); Rangel (2016); Rodríguez y Antón, (2014); SEGIB-PNUD (2009). Para consultar políticas de acción afirmativa a detalle, ver López (2017, pp. 313-318, López, 2018, pp. 21-22).

País	Simbólico Cultural12	Desarrollo social y derechos humanos13	Educación14	Salud15	Representación en instituciones políticas y culturales16
Argentina	Sí	No	No	No	No
Belice	Sí	No	No	No	No
Bolivia	Sí	No	No	No	Sí
Brasil	Sí	Sí	Si	Si	Si
Chile	No	No	No	No	No
Colombia	Sí	Si	Si	Sí	Sí
Costa Rica	Sí	No	Sí	No	Sí
Ecuador	Sí	Si	Si	Sí	Si
Salvador	Sí	No	No	No	No
Guatemala	Sí	No	No	No	Sí
Honduras	Sí	Si	Si	No	Si
México17	Sí	Sí	Si	No	Si
Nicaragua	Sí	No	No	Sí	No
Panamá	Si	Sí	Si	No	No
Paraguay	No	No	No	No	No
Perú	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Uruguay	Si	Sí	Sí	Sí	Sí
Venezuela	Sí	Sí	Sí	No	Sí

Cuadro 5 bis
Políticas de acción afirmativa

Cuadro de elaboración propia con datos de Agudelo (2011); Antón y Rivera (2010); Arias (2015); Becerra et al. (2010); Buffa y Becerra (2012); CIDH (2011); Hopenhayn et al. (2006); Hooker (2010); Lechini (2008); PNUD (2012); Muteba y Dougé-Prosper (2014); Rangel (2016); Rodríguez y Antón, (2014); SEGIB-PNUD (2009). Para consultar políticas de acción afirmativa a detalle, ver López (2017, pp. 313-318, López, 2018, pp. 21-22).

País	Trabajo18	Turismo19	Judicial20
Argentina	No	No	No
Belice	No	No	No
Bolivia	No	No	No
Brasil	Sí	No	Sí
Chile	No	No	No
Colombia	Sí	No	No
Costa Rica	No	No	No
Ecuador	No	No	No
Salvador	No	No	No
Guatemala	No	No	No
Honduras	No	Sí	No
México	No	No	Sí (Guerrero)
Nicaragua	No	No	No
Panamá	Sí	No	No
Paraguay	No	No	No
Perú	No	No	No
Uruguay	No	No	No
Venezuela	No	No	No

Políticas públicas para afrodescendientes en América Latina

Entiendo por políticas gubernamentales las acciones que un gobierno emprende, unidireccionalmente, para resolver ciertas necesidades de un sector específico de la población (Aguilar, 1992), y por políticas públicas, las acciones formuladas para resolver las necesidades de un sector específico de la población, pero de manera bilateral; es decir, con la participación no solamente del gobierno y sus instituciones, sino también del sector poblacional que sufre el problema público (Canto, 2002). Las luchas afrodescendientes latinoamericanas y sus reivindicaciones políticas emergieron a mediados de la década de los ochenta (Agudelo, 2010a) con el antecedente de la organización indígena y en el contexto de un mundo globalizado. En su recorrido, algunas han logrado llegar a la etapa de participación y formulación de políticas públicas, sobre todo en la segunda parte de la década de los noventa y la primera parte de la década del nuevo mileno. Por ejemplo: Brasil (educación, igualdad racial, laboral, género, salud); Colombia (educación, diversidad cultural y garantía de derechos); Ecuador (educación, salud, empleo, vivienda, derechos humanos), y Nicaragua (salud, educación, lengua). La movilización afromexicana se encuentra en pleno recorrido para lograr ese paso (López, 2017, pp. 200-202).

Organizaciones y redes: interacción nacional y transnacional

Las organizaciones constituidas por los afrodescendientes son clave en sus procesos de emergencia y organización, pues se han convertido en la voz de su lucha y movilización. Por tanto, también fungen como actores sociales y políticos de carácter local, nacional e internacional, al interactuar con instituciones gubernamentales, organizaciones de apoyo, civiles o de desarrollo, organizaciones afrodescendientes de otros países y Organismos Internacionales.

Previo a 1980, cuando el marco multicultural estaba cobrando auge en la región, sólo se había constituido un 2% de las organizaciones que actualmente existen, en 1980 ya había 10%, en 1990, periodo de auge, las organizaciones se incrementaron en 35% y en la década de 2000, cuya primera mitad es clasificada como de consolidación, ya se había constituido 54% de las organizaciones (Kymlicka, 2007; Le Bot, 2009; SEGIB-PNUD, 2009). Vemos que el auge y la constitución de organizaciones entre 1990 y 2000 se correlaciona con el periodo de auge y consolidación de las luchas afrodescendientes, en el marco de la cumbre preparatoria de Santiago de Chile²¹ y la cumbre de Durban (SEGIB, 2016, p.19).

Respecto al caso mexicano, sólo una organización (México Negro) se formó a finales del periodo de auge, específicamente, en 1997. Este tiempo coincide con el inicio de la organización política afromexicana, representada por el Primer Encuentro de Pueblos Negros. La mayoría de las organizaciones involucradas en la movilización terminaron de constituirse hacia el 2008 (López, 2017, pp. 132-138), tiempo que entra en el periodo de más constitución de organizaciones, aunque sobrepasa la temporalidad en la que finaliza el periodo de consolidación de movilizaciones (2005) que establece Le Bot (2009). Este desajuste de tiempos entre la constitución de organizaciones y el periodo de consolidación de las movilizaciones se relaciona con la tardía gesta y emergencia del afromexicano como sujeto políticamente organizado. Una característica de las organizaciones afromexicanas que también explica este retraso, es que no existe una correlación de fuerzas al interior, se han experimentado fragmentaciones y antagonismos que responden a: la movilización se ha politizado por la oportunidad de acceder a recursos económicos de diversos orígenes (el Estado, fundaciones, ONG, instituciones académicas) o beneficios políticos, y por la experiencia y previa formación política de algunos líderes, quienes, por tanto, tienen posicionamientos partidarios e intereses diferentes. Esto también influye en la capacidad de construir una agenda unificada (López, 2018).

De acuerdo al primer relevamiento de organizaciones afrodescendientes realizado por la SEGIB y el PNUD (2009), los obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones son: poca formación en procesos de liderazgo y de organización, pocos recursos económicos para la financiación de sus actividades, falta de interacción entre organizaciones que no están afiliadas a redes y ausencia y poco acceso a herramientas tecnológicas, invisibilidad por falta de promoción y presencia de la historia afrodescendiente en el currículo escolar. Por otro lado, las fortalezas identificadas son: concientización de la necesidad de organizarse nacional e internacionalmente, la presencia de la temática de género ha llevado a formar redes transnacionales importantes, como la Red de mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas de la diáspora. Lo que, a su vez, ha resultado en el empoderamiento de grupos de mujeres y en la contribución cultural a la identidad afrolatina (SEGIB-PNUD, 2009, pp. 45-46).

Las organizaciones afromexicanas experimentan los cinco obstáculos. Por ejemplo, la única formación de liderazgo y organización formal que se llevó a cabo en la década de 2000, fue la que recibieron en Honduras representantes afromexicanos en vísperas de la constitución de la organización ODECA. Por otro lado, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y el Fondo Semillas, son las dos organizaciones de apoyo que, a partir de finales de 2014, comenzaron a desarrollar programas de liderazgo para mujeres. El empoderamiento de un grupo de mujeres afromexicanas les permitió constituir el proyecto Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas, el cual también intenta contribuir a las formaciones de liderazgo. Vemos que la formación de liderazgos no fue impulsada por organizaciones (López, 2017, pp. 203-208).

La falta de recursos para financiar actividades también está presente. Existe intervención y participación de instituciones gubernamentales y de organizaciones de desarrollo. Por otra parte, algunos líderes han aprovechado la infraestructura y el apoyo económico de las instituciones gubernamentales a las que pertenecen, para llevar a cabo actividades de la movilización. Esto puede condicionar y comprometer a la movilización con el partido al que pertenezcan (López, 2017, pp. 203-208).

Si bien los líderes y miembros de las organizaciones han contactado con otras organizaciones de la región, su interacción es débil; por tanto, la interacción y contacto con organizaciones que no forman parte de alguna red es aún más débil. El poco uso de los nuevos dispositivos es también palpable. Es indiscutible que la mayoría de los líderes utiliza las redes sociales para promover eventos o entrar en contacto e interacción. De hecho, Hoffmann y Lara (2012) han señalado que la externalización de la movilización fue posible gracias a las nuevas herramientas tecnológicas como el internet. Sin embargo, no todos los líderes las utilizan, algunos usan sólo instrumentos básicos y otros recurren a ellos con poca frecuencia (Notas personales tomadas durante trabajo de campo en Cuajinicuilapa, Guerrero, en noviembre y diciembre de 2013; diciembre de 2014, y enero, agosto y noviembre de 2015). Por tanto, existe la necesidad de formar nuevos liderazgos y capacitarlos de cara a los retos y necesidades actuales. Esto puede ser un factor que resulte, y a la vez, explique la débil presencia de la movilización en la región.

Durante el proceso de constitución de las organizaciones se fueron gestando redes nacionales y transnacionales que dieron impulso a las luchas sociales afrodescendientes (SEGIB, 2016), a la vez que, irónicamente, contribuyeron a la internacionalización o expansión del neoliberalismo multicultural, cuando comenzaron a interactuar con “diversos actores, entre ellos, organismos internacionales, agencias multilaterales, movimientos indígenas, académicos y académicas, actores políticos, entre otros” (García, 2016, p. 15). El concepto de neoliberalismo multicultural se refiere a la interacción de las políticas multiculturales que surgieron entre 1960 y 1980, y a las reformas políticas y económicas de corte neoliberal implementadas desde 1970, pero que comenzaron a surtir efecto hasta 1980, y su principal característica es lo que Charles Hale llama el yes, but; es decir, otorgar un derecho pero poner requisitos o condiciones que, finalmente, no permiten ponerlo en práctica (Hale, 2002, 2005). Las redes afrodescendientes de América Latina y el Caribe²² se fueron tejiendo entre las décadas de los ochenta y los noventa, con el objetivo de crear vínculos para responder a las necesidades de los afrodescendientes, fortalecer las demandas respecto a mejoras sociales, derechos culturales, políticos y económicos (Buffa y Becerra, 2012), para constituir “la oposición que se consolidó frente a la globalización, sobre todo en cuanto a sus aspectos económicos” (Agudelo, 2010b, p. 76), para formular una agenda regional dirigida a la reducción del racismo y la discriminación, y para impulsar el empoderamiento del colectivo afrodescendiente (Rangel, 2009).

Durante la conferencia preparatoria de Santiago de Chile, en 2000, en vísperas de la conferencia de Durban, las organizaciones acordaron hacer lobbies ante los Organismos para incidir en las orientaciones políticas hacia los sectores afrolatinoamericanos (Rangel, 2009). De hecho, Buffa y Becerra (2012) afirman que la conferencia preparatoria de Santiago de Chile fue un evento cohesionador e hito para la formación de las redes. Además, en esta conferencia se adoptó oficialmente el termino Afrodescendiente. Lao Montes (2009) menciona, como anécdota, que al final de una de las reuniones de la Cumbre, Romero Rodríguez, de la organización Mundo Afro de Uruguay, declaró la famosa frase de: “Entramos Negros y salimos Afrodescendientes”.

Así pues, durante la conferencia de Durban (2001), se configuró el liderazgo e integración colectiva a nivel local, nacional y transnacional, la identidad política de afrodescendiente y una agenda política afrolatinoamericana (Agudelo, 2010a; Díaz, 2015; Hopenhayn et al., 2006; Lao Montes, 2009). Sin embargo, Díaz (2015, p. 9) afirma que la agenda “se distorsionó por la intervención de la derecha internacional, los mecanismos institucionales de las grandes corporaciones, las formalidades de los organismos multilaterales, la burocracia enquistada y fundamentalmente la mentalidad neoliberal de cierto liderazgo que percibió en los financiamientos una oportunidad para resolver sus intereses particulares”. Lo que denuncia es la operación del multiculturalismo neoliberal aderezado con burocracia del Estado.

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas de 1992, que articula reivindicaciones de género y raza (Agudelo, 2010b), y la Alianza Estratégica de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe de 2000, fueron redes transnacionales clave del movimiento regional afrodescendiente (Lao Montes, 2015). Una delegación de mujeres afromexicanas participó en la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas de 2015, organizada por la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas. La asistencia de la delegación fue significativa para el proceso de empoderamiento de la mujer afromexicana y para el posicionamiento y visibilización de la movilización, pues ha tenido, además de interacciones puntuales y contactos individuales con otros líderes afrodescendientes, mencionados en el capítulo anterior, poca presencia a nivel regional (López, 2017).

México también entró tarde a este proceso de intercambios, interconexiones y retroalimentación transnacional, pues va en consonancia con la constitución de las organizaciones. Cuando se comenzaron a gestar las redes transnacionales en las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX, la única organización afromexicana constituida era México Negro. Por otro lado, solamente Socpinda pertenece a la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), mientras que el grupo de mujeres afromexicanas que forman parte de la Cátedra Itinerante de Estudios Afromexicanos, pertenecen a la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas de la Diáspora. Por tanto, aunque la movilización afromexicana se ha apoyado y ha tenido momentos de visibilidad por los contactos e interacciones con líderes y organizaciones afrolatinoamericanas, de manera general, no ha aprovechado esta herramienta de movilización, ya que vemos que la mayoría de las organizaciones no pertenecen a ninguna red transnacional. Cabe señalar que en este punto vuelve a destacar el empoderamiento de las mujeres afromexicanas, por su incorporación a la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas.

Las redes transnacionales y la movilización afromexicana coinciden en que el financiamiento de algunas de sus actividades depende de organismos internacionales, agencias de cooperación, fundaciones o instituciones financieras y, por tanto, su operación también depende, en cierto grado, del estado de su relación con dichos actores. Por otro lado, la actividad de las redes se ve condicionada a la presencia y disponibilidad de sus líderes e integrantes, pues de acuerdo con sus intereses, algunas veces “han optado o se han visto obligados a concentrarse en las luchas nacionales; [esto es] otro factor que explica las apariciones y desapariciones de dichos espacios transnacionales de movilización (Agudelo, 2015, p. 18).

Las organizaciones, de manera individual o en red, han trabajado también con Organismos Internacionales. Según SEGIB-PNUD (2009) de 100% de su muestra, 52% de las organizaciones afrodescendientes trabajaba con Organismos Internacionales. El segundo relevamiento de organizaciones de la SEGIB (2016),²³ muestra que las organizaciones que tienen más interacción son: Colombia (22), Ecuador (15), Costa Rica (9), Panamá (7), Honduras y Perú (6), Uruguay y Argentina (4), y México (3). En Brasil, Chile Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela registraron de 2 a 0 organizaciones en interacción con organismos internacionales. Estas cifras refrendan la fortaleza de movimientos como el colombiano y la debilidad en el plano internacional de la movilización afromexicana.

Cambios sociales por la implementación de políticas multiculturales: Colombia, Brasil y Honduras

Esta sección busca situar, con tres ejemplos específicos, los cambios sociales que muestran las naciones de Brasil, Colombia y Honduras, con las políticas multiculturales que han adoptado sus países. Brasil y Colombia cuentan con una población numéricamente significativa en relación con Honduras y México, y son catalogados como hito y referencia de las movilizaciones afrodescendientes en la región (Agudelo, 2010b; Buffa y Becerra, 2012). Honduras, aunque con población numéricamente menor, experimenta una movilización políticamente fuerte y organizada (Agudelo, 2015). Así pues, aunque comparten demandas, cada movilización tiene sus propias especificidades y características. Veamos si la aplicación de políticas multiculturales ha supuesto una verdadera inclusión social, política, económica y cultural al interior del Estado Nación.

Brasil

El retorno a la democracia y la configuración de un nuevo contexto político que experimentó Brasil en 1985 permitió la visibilidad de procesos organizativos, culturales y políticos gestados al interior de la movilización negra, así como “el surgimiento de nuevas organizaciones negras” (Agudelo, 2015, p. 7). Brasil fue uno de los primeros países latinoamericanos en experimentar el “multiculturalismo constitucional” (Van Cott, 2000a), pues prietos y pardos fueron reconocidos en la Constitución de 1988, la cual estableció que el país tiene una base pluricultural y multiétnica, y penalizó y proscribió actos racistas (Agudelo, 2015; Buffa y Becerra, 2012).

Al reconocimiento constitucional y la penalización del racismo, le precedieron la formulación de políticas multiculturales, como la legislación que otorgó derechos territoriales a los Quilombolas, y políticas de acción afirmativa, como la creación de espacios institucionales y la aplicación de herramientas estadísticas socioeconómicas. Estas acciones permitieron que activistas y líderes negros se posicionaran en instituciones gubernamentales, y en el contexto social, se desarrollaron “expresiones con mayor énfasis en las reivindicaciones culturales” (Agudelo, 2015, p. 7).

Basado en los resultados de los indicadores sociales del Instituto Brasileiro de Geográfía e Estadística de 2000, Sansone (s/a) analizó el periodo de 1992 a 1999, y comenta que, efectivamente, los índices de pobreza absoluta, como la mortalidad infantil y el analfabetismo mostraron una reducción. Sin embargo, las diferencias en la calidad de vida persistieron. Además, desde una visión macro del país, se podía identificar un declive en la calidad de la educación pública, mala distribución del ingreso, reducción del empleo formal, y un aumento en las brechas salariales y en las clases sociales. En este marco, “los grupos oficialmente definidos como morenos, pardos y prietos, y aún más, aquéllos definidos como negros, presentan resultados peores que aquéllos definidos como blancos” (Sansone, s/a, párrafo 8, traducción propia). Entonces, Sansone (s/a) afirma que lo que Brasil necesita es un movimiento antirracista que reconozca todas las variedades de la negritud, ya que, como menciona Appiah (1994), lo negro puede ser experimentado de muchas maneras.

Paixao (2010) analizó el impacto que tuvo la aplicación de políticas multiculturales entre 1995 y 2006, en variables como evolución demográfica, educación, empleo, indigencia y pobreza. Menciona que, demográficamente, la población prieta y parda aumentó. Sin embargo, las tasas de mortalidad se mantuvieron altas. En cuanto a educación, hubo un balance positivo al reducirse la brecha de los años de estudios entre blancos, prietos y pardos. Por otro lado, niños de entre 7 y 14 años experimentaron, gracias a la ley 10639, un acceso casi total al sistema de educación. Sin embargo, dicha ley no ocupaba un lugar importante en la agenda de educación, el sistema de enseñanza no era eficiente y el incremento del nivel de competencia de estudiantes tuvo como resultado la pérdida de calidad, con la reducción del promedio de calificaciones. Si bien la expansión del sistema de enseñanza y las políticas afirmativas redujeron los niveles de desigualdad, siguen experimentando discriminación racial en las aulas (Paixao, 2010). Vemos que estas acciones no atacaban los problemas de educación de manera integral.

Por otro lado, el mercado de trabajo presentó un incremento de la presencia de la mujer. Sin embargo, esta apertura no fue igual para mujeres prietas y pardas, quienes laboran principalmente en el sector doméstico, de manera informal y, por tanto, sin prestaciones de seguridad social y con bajas remuneraciones. Entre 1995 y 2006 se registraron 3.6 millones de desempleados, la mayoría, prietos, pardos y mujeres. Entre 2000 y 2006 hubo una mejora en el mercado laboral, debido a la aplicación de acciones afirmativas como las políticas de valorización del salario mínimo o de transferencias de ingresos, las cuales ampliaron el poder adquisitivo. Entre los principales beneficiarios se encontraba la población prieta y parda, quienes mejoraron su nivel adquisitivo respecto a los mestizos o los blancos, reduciendo la brecha de ingreso en 15%. Pero, esto no se tradujo en reducción de la pobreza (Paixao, 2010).

Sansone (s/a) analizó el periodo de 1992 a 1999 y Paixao (2010), el de 1995 a 2006. En ambos periodos, los autores presentan problemáticas socioeconómicas como mala distribución del ingreso y de la riqueza, pobreza, reducción de la calidad de la educación pública y desempleo, que asocian a la inequidad racial, pues mencionan que morenos, pardos, prietos y mujeres morenas son lo que más sufren estos problemas. Ésta es una problemática histórica y estructural, ya que las “razas” comienzan a ser una categoría de diferenciación en el marco del Estado Nación. Entonces, posiblemente el problema de fondo no es la diferencia cultural, per se, sino la organización, estructura, y construcción del Estado Nación en términos de una blancura que niega y excluye lo diferente, que ha ido cambiando sistemáticamente sus aparatos y tecnologías de contención y control social, para adaptarse a los nuevos contextos y desafíos sociopolíticos y económicos, que le permitan seguir ejerciendo su hegemonía (Goldberg, 2002; Saldívar, 2014).

Los resultados positivos de las políticas multiculturales en Brasil han sido temporales e insuficientes, pues no han atacado el problema estructural de la pobreza, la mala distribución del ingreso, el racismo y la discriminación. Paixao (2010) y Sansone (s/a) mencionan que es necesario establecer criterios en la selección de los beneficiarios; es decir, ¿quién las necesita?, y que las acciones afirmativas sean acompañadas de herramientas de autogestión; es decir, que sea un verdadero empoderamiento y no soluciones asistenciales temporales. Por su parte, Rangel (2016) menciona que el fracaso de acciones afirmativas en educación y el abandono de estudios por personas que entraron por medio del sistema de cuotas, se puede deber a que no las gestionaron, ejecutaron ni diseñaron “con la finalidad y dimensión del problema que intentan combatir” (traducción libre de Negreiros, citado por Rangel, 2016, p. 32). Es decir, no fueron diseñadas para combatir el problema al que son aplicadas.

Colombia

El auge de la movilización afrocolombiana fue en la década de los noventa, después de que la Constitución Política de 1991 reconociera a la población afrodescendiente, y su artículo transitorio 55, reglamentado por la ley 70 de 1993, abriera la senda para la titulación colectiva de las tierras del Pacífico. A decir de Antón y Rivera (2010, p. 150), en esta década la movilización afrocolombiana “gozó de una madurez y liderazgo propio que le permitió sobreponerse a las fracturas y las contradicciones internas... maduró un discurso alrededor de la etnicidad, la ancestralidad y contra la discriminación”. Entre los logros del movimiento se encuentran, por supuesto, el reconocimiento constitucional, la obtención de derechos colectivos a la tierra, espacios de representación en instituciones gubernamentales, políticas y culturales, instituciones creadas específicamente para afrocolombianos, políticas para atender a la población desplazada, inclusión en Planes Nacionales de Desarrollo, y políticas de acción afirmativa en diversos ámbitos (López, 2017).

Agudelo menciona que las interacciones entre el Estado y los actores de la movilización, entre la reforma de la Constitución de 1991 y la formulación de la ley 70 de 1993, fueron intensas. Sin embargo, comenzaron su debacle en 1998. Las complicaciones comenzaron con la “ambigüedad expresada en una especie de 'resistencia' en la aplicación y el desarrollo de dichas políticas o simplemente en su desviación” (Agudelo, 2015, p. 10). Además, se abren coyunturas como el conflicto armado en la zona del pacífico, que tiene como consecuencia el desplazamiento forzado y el debilitamiento en la organización de la movilización. Así, el significado de la titulación colectiva de las tierras se fue desgastando, debido a las pérdidas paulatinas de territorio por los conflictos armados, los espacios en la cámara de representantes eran cuestionados, ya que en algunas ocasiones fueron tomados por personas ajenas a las comunidades negras, y los procesos de consulta, en base al Convenio 169 de la OIT, perdieron legitimidad por fallas en su aplicación.

Antón y Rivera mencionan que existe una situación de racismo, vulnerabilidad y pobreza para los afrocolombianos. Además, los datos de las encuestas de condiciones de vida y de los censos oficiales de los indicadores de etnicidad, calidad de vida y equidad social, muestran que las comunidades afrocolombianas “no tienen garantizados sus más elementales derechos económicos, sociales y culturales y, como consecuencia de ello, sus derechos al desarrollo y a una calidad de vida digna son menoscabados” (Antón y Rivera, 2010, p, 127). En resumen, las fuentes utilizadas mostraron que la población afrocolombiana se encuentra viviendo en peores condiciones que la población mestiza.²⁴

Respecto a la educación, el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes (ODR) y el censo de 2005 identificaron que la población afrocolombiana presenta tasas de analfabetismo más altas, que los niños afrocolombianos acceden en menor porcentaje a la educación básica, media y superior, y que se enfrentan a diversos tipos de discriminación durante su permanencia en el sistema educativo. Por último, también se ha identificado que los afrocolombianos no gozan plenamente del acceso a los servicios de salud y a los servicios públicos (Rodríguez, Alfonso y Cavelier, citados por Antón y Rivera, 2010). En Colombia, de manera similar a Brasil, a pesar de que el movimiento afrodescendiente logró madurar un discurso y un liderazgo que le permitió conquistar diversos derechos, las políticas aplicadas no sortearon problemáticas estructurales como el racismo y la pobreza. Por ende, indicadores sociales como educación y salud siguen mostrando un mal desempeño.

Honduras

La población afrodescendiente hondureña se autoidentifica y es conocida como “garífuna”; son descendientes de esclavos africanos e indígenas caribes y arahuacos. Han sabido manejar su ascendencia indígena y africana de acuerdo con la coyuntura política, ya que, en el marco del auge de los movimientos indígenas, durante la década de los setenta, abrazaron esa identidad con el objetivo de “lograr reconocimiento en algunos espacios internacionales” (Roy Guevara, líder garífuna, citado por Agudelo, 2011, p. 12). Luego, cuando emergieron las movilizaciones negras, al fin de la década de los ochenta, transformaron sus dinámicas organizativas y reivindicaron sus raíces africanas. Entonces, para este sujeto utilizaré garífuna y afrodescendiente como símil.

Los orígenes o antecedentes del movimiento garífuna se pueden establecer en la primera mitad del siglo XX, con la llegada de las compañías bananeras norteamericanas a las tierras costeras del norte de Honduras. La instalación de las compañías supuso el desarrollo de sindicatos que desarrollaron, en el marco de una dictadura militar, explotación laboral de parte de las compañías bananeras y de pequeñas fábricas de la región, y de un aumento de prácticas de discriminación racial hacia los trabajadores, un significativo activismo político. (Anderson, citado por Cuisset, 2014). Además, aquellos que se oponían a la dictadura militar, entre 1940 y 1950, se asilaron en Estados Unidos y fueron influenciados por el movimiento afroamericano de derechos civiles (Agudelo, 2011). Este activismo es una forma de organización sociopolítica que adoptaron en Honduras, distinta de los movimientos de Brasil y Colombia.

En 1977 nació la OFRANEH, “organización 'madre' y 'matriz' del movimiento a nivel nacional” (Cuisset, 2014, p.92). Retomó las demandas de la etapa sindicalista de los años cincuenta y setenta e incorporó, en el marco de la apertura y auge de las políticas multiculturales y de los movimientos indígenas a mediados de los ochenta, demandas por derechos colectivos de las tierras y derechos culturales, lo cual se complementaba con la denuncia de la situación económica, carencia de servicios básicos de salud, y un sistema de educación y de transporte deficiente (Cuisset, 2014). En 1987, durante el primer seminario con los grupos autóctonos de Honduras, organizado por la Secretaria de Planificación del Gobierno, SECPLAN, los garífunas demandaron la recuperación y titulación de la tierra, aunque se habían plasmado en papel desde 1982, no se habían trasladado a la práctica, el derecho de explotación de los recursos naturales, el reconocimiento y la promoción de los idiomas y las culturas de todas las etnias, y la participación política. Finalmente, los primeros títulos colectivos de la tierra se otorgaron a inicios de la década de los noventa, a la vez que el Estado implementó diversas acciones afirmativas de corte simbólico-cultural, ratificó el Convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional de Honduras como un país pluriétnico (Cuisset, 2014), el establecimiento de la “punibilidad de la discriminación... en el código penal hondureño” (Hooker, Dixón, Gómez et al., 2010, p. 287), y elaboró un perfil para el pueblo indígena y el garífuna con el objetivo de identificar su situación socioeconómica.

A pesar de la implementación de estas políticas, el Estado no había cumplido con el mejoramiento de infraestructura, servicios, ni con el otorgamiento de la propiedad colectiva de la tierra. Además, Cuisset (2014) menciona que se vivía un ambiente de represión policial en el que los líderes eran amenazados o asesinados, y se experimentó un estallido de clientelismo político. ODECO, OFRANEH, y las Organizaciones Negras de Honduras (ONH) organizaron una marcha de protesta y lograron entablar una negociación. El gobierno se comprometió a otorgar títulos de propiedad colectiva de la tierra, así como a la ampliación y saneamiento de las tierras comunitarias. Sin embargo, Cuisset (2014, p. 102) nos dice también que los títulos colectivos de las tierras, “sólo abarcaron el casco urbano”, y no el hábitat, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT.

En 1995 se creó la Organización Negra Centroamericana (ONECA), en la que Celeo Álvarez, líder de ODECO, “se constituyó rápidamente como figura clave del movimiento negro a nivel regional” (Cuisset, 2014, p. 103). ODECO se posicionó como el órgano de representación del movimiento garífuna. Así, Álvarez comenzó a invitar a los candidatos de las campañas presidenciales a “firmar 'compromisos de campaña' relativos a la titulación de la tierra, apoyo técnico y financiero, servicios públicos, acciones contra el racismo y la discriminación, racial, promoción de la cultural y del turismo comunitario, etc.” (Cuisset, 2014, p.104). Las únicas respuestas que logró fueron la implementación de políticas de acción afirmativa de corte simbólico-cultural, como la declaración del mes de la herencia cultural africana. Por otro lado, aumentaron los megaproyectos turísticos en zonas naturales y las expropiaciones de la tierra. La implementación de estas acciones afirmativas se muestra en el cuadro 5.

En comparación con Brasil y Colombia, las tasas de asistencia al nivel básico de educación de los afrodescendientes hondureños son altas. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta el contexto local, ya que “el vínculo con la educación está estrechamente relacionado con la incursión de la iglesia en las comunidades afrodescendientes, especialmente la iglesia morava” (Hooker, Dixón, Gómez et al., 2010, p. 313). No obstante, también registran problemas de acceso a la educación. Por otro lado, al igual que en el caso colombiano, los garífunas están enfrentando pérdidas de territorio por los megaproyectos de corte turístico, registran altas tasas de pobreza, son víctimas de prácticas de discriminación racial, las tasas de mortalidad infantil también son elevadas, existen problemas, al igual que en Brasil, de equidad de género, y poca aplicación de políticas de acción afirmativa en otras variables que no sea la simbólica-cultural. En resumen, ni la fuerte organización y movilización política que presentan las organizaciones, ni sus estrategias contestatarias, que cuestionan y critican el sistema, o las de incorporación al sistema, han logrado que los derechos conquistados, específicamente el de la titulación de la propiedad colectiva de la tierra, sean plenamente aplicados, y la situación socioeconómica tampoco ha logrado ser transformada.

Posición de la movilización etnopolítica afromexicana de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca en el marco de las luchas afrodescendientes de América Latina²⁵

Los resultados de la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI mostraron que Guerrero (7.61%), Oaxaca (5.89%) y Veracruz (4.07%), son los estados con mayor porcentaje de personas que se autorreconocen como afrodesendientes. Este artículo se enfoca en Guerrero y Oaxaca, estados vecinos que comparten un área de la zona costera Pacífica conocida como Costa Chica. Ziga (2015) nos dice que no se puede entender la emergencia del afromexicano políticamente organizado si no entendemos a la Costa Chica. Se trata de un espacio territorial, cultural, económico y político, en el que se han insertado, apropiado y relacionado con los demás grupos que lo habitan, y porque es el espacio en el que surgen organizaciones que comenzaron a rescatar la herencia cultural africana y a plantear el reconocimiento constitucional. Las participaciones del resto de los estados han sido esporádicas. Por tanto, la Costa Chica se ha convertido en la región protagonista y en el seno de la movilización.

El cuadro 6 es una síntesis del apartado 3.2 sobre las principales políticas multiculturales aplicadas a poblaciones afrodescendientes en América Latina (ver cuadros 2, 3, 4 y 5 y 5bis), pero se enfoca en identificar los logros que ha experimentado la movilización afromexicana. Se aprecia que su posicionamiento respecto a los derechos conquistados es de los más bajos. ¿Por qué no han logrado conquistar derechos como Brasil, Colombia, Ecuador o Nicaragua? El afromexicano, como sujeto políticamente organizado, se configuró y se integró tarde al marco de las luchas afrodescendientes de América Latina, cuando el apogeo de la coyuntura política internacional del reconocimiento de la diferencia y la condena a la discriminación racial estaba pasando. En el ámbito nacional, cuando inició la articulación y organización política con el Primer Encuentro de Pueblos Negros en 1997 (López, 2017, pp. 132-138), la gesta de la movilización tampoco coincidió con alguna ventana de oportunidad política. El auge del zapatismo estaba pasando y, posteriormente, las cumbres de Santiago (2000) y Durban (2001), si bien tuvieron un relativo impacto a nivel nacional en cuanto al tema de racismo y discriminación, no impactó significativamente en lo afromexicanos.

Por otro lado, en el caso de México, la movilización está muy localizada en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca; de manera intermitente se unen e interactúan otros estados como Veracruz o Coahuila. Sin embargo, existe una fragmentación de las organizaciones, que hace que la correlación de fuerzas al interior, la cual es muy importante, sea débil o inexistente y, por tanto, se dificulte el avance. Además, como se mencionó en el cuarto apartado, las organizaciones afromexicanas no han desplegado herramientas de movilización significativas.

Cuadro 6.
Principales políticas multiculturales y logros de la movilización afromexicana

Cuadro de elaboración propia con datos de López (2017) y trabajo de campo en 2013, 2014 y 2015.

Políticas multiculturales	Posición	Característica
Reconocimiento de la diversidad y pluralidad	Sí	Sólo derechos culturales para los indígenas.
Variable afrodescendiente y datos estadísticos	Sí, tardía	Encuesta Intercensal en 2015 es decir, entre la segunda (2010) y tercera (2020) ronda de censos.
Porcentaje de reconocimiento de población afrodescendiente	Baja	De acuerdo a la última ronda, los porcentajes se organizan así: 1. 50% al 30% 2. 10% al 7% 3. 1% al 2%: México. 4. (-)1%
Reconocimiento constitucional	No	De los 18 países tomados en cuenta, México se encuentra entre 11 que no han otorgado el reconocimiento constitucional. En febrero de 2019 se realizaron Foros de Consulta por el Reconocimiento constitucional del Pueblo Afromexicano bajo la batuta de los senadores Susana Harp y Martí Batres.
Propiedad colectiva de la tierra	No	La demanda no es fuerte debido a la creación de tierras ejidales y comunales por la reforma agraria de inicios del siglo XX (Burguete, 2003; Lewis, 2012).
Legislación contra el racismo y la discriminación	Media	Los instrumentos jurídicos son de carácter federal y no contienen especificaciones para la población afromexicana. Por otro lado, herramientas como conversatorios, seminarios, encuestas y la guía para la acción pública contra la discriminación y para la promoción de igualdad e inclusión de la población afrodescendiente, comenzaron a ser dirigidas a la población afromexicana a partir de 2011 desde el nivel federal. Ni Guerrero, ni Oaxaca tienen leyes, organismos o herramientas específicas para la lucha y prevención de la discriminación racial. La SAICA-Guerrero, firmó en 2015 un convenio con CONAPRED, pero no causó impacto.
Políticas de acción afirmativa	Media/ alta	De las ocho variables identificadas y elegidas para esta investigación, México ha aplicado cinco a nivel estatal y federal. Guerrero presenta más actividad en cuanto a su aplicación. No obstante, estas acciones se implementaron durante la gestión de Martha Sánchez Néstor en la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) en 2015; por tanto, pudo haber sido una actividad coyuntural.
Creación de organizaciones	Tardía	La primera organización afromexicana se creó en 1997, a finales del periodo de auge de la creación del resto de organizaciones. El marco de las organizaciones afromexicanas más activas de la movilización se terminó de configurar en 2008.
Interacción e interconexión a nivel regional	Baja	La movilización tiene poca interacción con otras organizaciones afrolatinoamericanas y sólo dos grupos, Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas y Socpinda, pertenecen a una red transnacional.
Interacción con Organismos Internacionales	Baja	México interactuó con apenas tres organismos, cerca del último lugar, que ocupan países que tuvieron de 2 a 0 interacciones.
Políticas Públicas	No	Es necesario que sean reconocidos constitucionalmente.

Reflexión

La movilización etnopolítica afromexicana es una pieza que compone el marco de las luchas afrodescendientes en la región latinoamericana, aunque con características y especificidades propias; tienen objetivos en común en cuanto a reivindicaciones y demandas, utilizan herramientas y estrategias similares de movilización política, como la constitución de organizaciones, la participación en redes trasnacionales, la interacción con organismos internacionales, agencias financieras, ONG, entre otros, presentan un perfil socioeconómico y se enfrentan a obstáculos similares.

Los derechos hasta ahora conquistados por las luchas afrodescendientes de América Latina, si bien son parecidos, tienen tiempos, resultados y efectos sociales diferentes. Algunos son: incorporación de la variable afrodescendiente en las rondas censales y aumento de personas que se reconocen como afrodescendientes, reconocimiento constitucional, bien cultural, bien político, derechos a la propiedad colectiva de la tierra, formulación de legislación y herramientas para luchar contra el racismo y la discriminación, y la aplicación de políticas de acción afirmativa en áreas de incidencia social. De manera general, es posible afirmar que existe un avance en la conquista de derechos a través de la aplicación de políticas multiculturales. Sin embargo, éstas no han sido diseñadas de acuerdo con las necesidades, tampoco ejecutadas efectivamente y los resultados que, en algunos casos, han sido positivos, han sido de breve duración.

Los casos de Brasil, Colombia, y Honduras ejemplifican esta afirmación. Los tres muestran problemáticas socioeconómicas y demandas similares. Por un lado, es interesante ver cómo Brasil y Colombia, con una población numéricamente considerable, no han logrado que las políticas multiculturales que han alcanzado impacten y redunden en un cambio positivo y estructural en su población afrodescendiente. Por otro lado, Honduras, con una población numéricamente menor a Brasil, Colombia y México, y con fuertes procesos organizativos, sobre todo sindicales y políticos, no han logrado aplicar políticas multiculturales, en específico la demanda de la propiedad colectiva de la tierra, como en Brasil y Colombia, y las políticas conquistadas son principalmente acciones afirmativas de corte simbólico-cultural o de etnoturismo, que no han devenido en una transformación social profunda.

Esta breve comparación muestra que, ni los países más exitosos en la aplicación de políticas multiculturales para afrodescendientes, como Brasil y Colombia, han logrado una verdadera transformación estructural y, por ende, un mejoramiento social de sus poblaciones afrodescendientes. Aún hay obstáculos en el ejercicio de sus derechos, persiste la discriminación racial, una precaria situación socioeconómica, y si experimentaron resultados positivos, fueron temporales, e incluso han retrocedido en algunas variables. Por tanto, aunque la situación de invisibilidad quedó atrás, existe un debilitamiento y desgaste de las luchas afrodescendientes por la ausencia de resultados positivos, retroceso de los logros y ausencia de nuevos liderazgos.

Entonces, el otorgamiento de derechos y políticas multiculturales no necesariamente conduce a una verdadera transformación en las dinámicas y estructuras políticas, económicas y sociales. Además, no han sido acompañados o complementados con una efectiva redistribución de la riqueza, como Fraser (2001) ha sugerido. Han sido, más bien, parches asistencialistas a corto plazo, que no toman en cuenta problemas estructurales sociales, políticos y económicos, contextos específicos, así como características y particularidades locales. En adición, vemos que en el contexto de un mundo globalizado, con un régimen económico neoliberal, a pesar de la aparente debilidad del Estado por la aparición de nuevos actores internacionales y el desdibujamiento de las fronteras, las luchas sociales siguen siendo contenidas y limitadas, ahora por la intervención de actores no estatales, con los que también se tiene que entablar un diálogo y comenzar a interactuar. ¿Qué mecanismos podrían lograr una incidencia real? Ésta es una cuestión compleja y difícil, pero es necesario descifrar si los afrodescendientes desean continuar su camino dentro del marco multicultural.

Si los resultados que han experimentado los movimientos afrodescendientes que han registrado más avance no es tan favorable; ¿cuál es la situación de la movilización afromexicana? Vemos que se posiciona como una de las luchas afrodescendientes que emergió tardíamente; sus interacciones con organismos internacionales, organizaciones y redes transnacionales son débiles y presenta avances menores, respecto al resto de luchas afrodescendientes en América Latina. Entonces, la movilización etnopolítica afromexicana tiene la oportunidad de mirar y reflexionar los casos de otras movilizaciones para cambiar estrategias, reforzar alianzas, identificar lo que no ha funcionado y las necesidades específicas de su pueblo, ya que las políticas hasta ahora implementadas, no han sido diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas, ni para cambiar la estructura base de los problemas de esta población, como lo es la pobreza, la cual resulta en bajos niveles de educación que, a la vez, repercute en los ingresos. Pero, sobre todo, es necesario desmadejar el nudo problemático al interior de las organizaciones que forman la movilización.

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Notas